Las CAR: II Parte

Como bien lo ha había indicado en un artículo anterior, la catástrofe producida por la ola invernal, que ahora parece no tener fin, se hubiera podido mitigar en buena medida a partir del cabal cumplimiento, por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales, de las atribuciones que le fueron otorgadas por la Constitución y la ley.

Tras la expedición del Decreto 141 de 2011, en el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, con el propósito de fortalecer la institucionalidad del Sistema Nacional Ambiental -SINA- y la articulación entre el Ejecutivo y las instancias regionales -para optimizar espacios de dirección y administración del nuevo esquema institucional-, y cuya exequibilidad se estudia actualmente por la Corte Constitucional, el Gobierno Nacional decidió adelantarse y presentar los lineamientos de política ambiental en la materia.

En concreto, se trata de una iniciativa expuesta a los Consejos Directivos de las CAR respetuosa de la autonomía de las entidades territoriales y dinamizadora de la gestión ambiental en el país, consistente en que puedan reconocerse las necesidades de las regiones y al mismo tiempo vincular aquellas a indicadores, metas y presupuestos, en línea de principio con lo expuesto por Sandra Bessudo, Alta Consejera Presidencial para la Gestión Ambiental.

Y es que lo cierto es que la solución a la problemática no pasaba por la desaparición de las CAR. Debe lograrse que dichas corporaciones se reestructuren y fortalezcan, pero técnicamente. Que logren comprender y enfrentar los nuevos fenómenos climáticos conforme a la tipología de cada una de las regiones colombianas, pues ya se cuenta con el andamiaje estructural de protección al medio ambiente y al patrimonio cultural de la nación, como lo es el SINA.

Dicho de otro modo: más que normatividad, lo que hace falta en realidad es un mayor compromiso con fortalecerlas como instituciones, desarrollar un trabajo focalizado y lograr efectiva coordinación insterinstitucional; todo lo cual se corresponda con una gestión técnico ambiental eficiente y eficaz de sus competencias.

Es urgente por tanto que el Gobierno Nacional, continúe en su labor de difusión y socialización del plan oficial y de inmediato defina una estrategia para su implementación en las Corporaciones Autónomas Regionales.

Del mismo modo, bien valdría la pena que los entes de control revelaran el producto de sus investigaciones llevadas a cabo por cuenta de las irregularidades presentadas a propósito de la grave calamidad pública vivida. No hay justificación alguna para tanta dilación. Ello contribuye, a no dudarlo, en la cultura de la impunidad y la carencia de controles efectivos asi como de una justicia pronta y cumplida.