Colombia le apuesta al crecimiento económico derivado de la minería, sin que las condiciones sean las más óptimas

No pocos han sido los informes, análisis, estudios, artículos periodísticos e investigaciones que se han realizado últimamente con motivo del seguimiento a la actividad minera en el país.

Y no es para menos, pues la práctica ilegal de la minería, la inseguridad de los socavones, la actual regulación normativa sobre la forma en que se adjudican los contratos de concesión minera y se otorgan las licencias ambientales, y hasta el plan estratégico del Gobierno dirigido a convertir a Colombia en una potencia minera en el 2019, han sido el sustrato de una gran polémica, nutrida en su mayoría por la crítica realizada a las entidades públicas responsables en la materia, a propósito de su aparente falta de idoneidad y suficiencia técnica para establecer una política seria frente a la exploración, explotación y distribución de minerales e hidrocarburos, fuera de lo cual está el ámbito medio ambiental en el que se debate sobre la efectiva garantía del desarrollo sostenible de los recursos naturales.

A pesar de que se le haya calificado como una de las “locomotoras del desarrollo” del actual Gobierno, entre otras consideraciones, por estar ganando participación en el P.I.B., -ya que pasó del 4% en 1995 al 7% en 2010, poniéndose a la par con el sector agrícola-, y vislumbrarse a mediano y a largo plazo como uno de los mercados que mayor crecimiento económico puede traer a la Nación, lo cierto es que tan ambicioso cometido requiere de grandes inversiones en infraestructura y de la reorganización institucional de funciones y competencias, además de la correspondiente estabilidad jurídica, más que necesaria para lograr con acierto los ajustes indicados.

Pero ello no es suficiente. El futuro del sector minero precisa de una acción concertada entre diversos actores, activa participación comunitaria, políticas públicas de sostenibilidad económica, social y ambiental de las regiones en las que se efectúan exploraciones y explotaciones mineras, seguridad industrial e información geológica suficiente. Recordemos que no todas las actividades mineras se corresponden con la protección del medio ambiente, mucho menos con la biodiversidad y el recurso hídrico que, en conjunto, hacen parte del medio ambiente sano que protege la Constitución Política como derecho fundamental de todos.

Le seguiremos la pista a todas aquellas situaciones relacionadas con la actividad minera en el país. Por supuesto, con la finalidad de que todos nos hagamos partícipes de las decisiones que cambian el rumbo de nuestra nación. Nosotros somos parte de ella. Así que hagamos valer nuestra condición. ¡Demostremos la importancia que le damos a nuestro territorio, a nuestro entorno, a nuestro medio ambiente!