Hace poco se dieron a conocer las bases del nuevo Plan Nacional de Desarrollo previsto para el cuatrienio 2010-2014, denominado “Prosperidad para todos”, que pretende convertirse en el marco de orientación general del Gobierno en materia de política económica, social y ambiental.
Y aunque son múltiples los puntos de vista desde los cuales puede apreciarse, variados los actores que se ocupan de su estudio y diversos y significativos los temas que aborda, lo cierto es que el grueso de la población colombiana desconoce por completo la razón de ser de un plan de desarrollo, así como su perfeccionamiento, ejecución y puesta en marcha, además de los objetivos y finalidades que persigue.
La historia nos indica que los planes de desarrollo, antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, eran plataformas que usaban quienes aspiraban al poder para fijarse unas determinados propósitos conforme a unas específicas prioridades, con énfasis en el proceso de planeación. Su debate solo quedaba librado a los escenarios políticos y foros académicos que se llegaran a plantear sin necesidad de ninguna aprobación por parte del Congreso.
Posteriormente, en virtud de la transformación que se dio en el modelo de Estado adoptado por Colombia, la planificación económica y social se convirtió en piedra angular de la agenda pública dirigida a satisfacer las necesidades básicas de la población y, por consiguiente, a materializar los derechos de las personas. Orientación con base en la cual se le otorgó fuerza de ley al Plan Nacional de Desarrollo y se concibió el Consejo Nacional de Planeación para analizar y discutir las propuestas incluidas, con el apoyo administrativo y logístico del Departamento Nacional de Planeación, como algunas de las modificaciones y reformas más significativas.
La ley que contiene el Plan se compone de dos partes. Una primera que es general y que comprende el señalamiento de los propósitos, objetivos, metas y prioridades nacionales de largo y mediano plazo -lineamientos de política económica, social y ambiental a adoptar por parte del Gobierno-; y una segunda, que se refiere a los distintos planes de inversión de las entidades públicas del orden nacional -presupuestos plurianuales de los más importantes proyectos y programas de inversión pública nacional y la pormenorización de los recursos financieros requeridos-.
Aun a pesar de la naturaleza presupuestal que lo identifica, la ley del Plan no solamente contempla fines de este tipo, como quiera que puede acompañarse de medidas jurídicas, por ejemplo, para la necesaria consecución de los objetivos económicos, sociales o ambientales que se ansía alcanzar. De ahí que se le atribuya un carácter multitemático, fuera de lo cual sus mandatos reemplazan por entero los existentes en la materia.
Cabe mencionar, además, que si el Congreso no aprueba el Plan Nacional de Inversiones Públicas, en un término de tres meses después de presentado, el gobierno podrá ponerlo en vigencia a través de un decreto con fuerza de ley.
Es importante tener en cuenta que el Departamento Nacional de Planeación se constituye en la unidad rectora de planificación en el país, razón por la cual dirige el proceso de formulación del Plan Nacional de Desarrollo y coordina las modificaciones y sugerencias efectuadas por las autoridades e instancias nacionales de planeación.
Una vez presentado el respectivo Plan al Congreso de la República, por vía del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación se encarga de armonizar la ejecución, seguimiento y evaluación de gestión y los resultados del mismo.
Valga anotar que en estos momentos el proyecto de la ley del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, será puesto a consideración del Congreso de la República, por lo que su participación será clave entonces en el éxito de la gestión del Ejecutivo, en la que se sitúan la competitividad, el crecimiento sostenible, la prosperidad social, la igualdad de oportunidades, la seguridad, la justicia, los derechos humanos, la sostenibilidad ambiental y la lucha contra la corrupción, como ejes valiosos de la política de prosperidad democrática impulsada por Juan Manuel Santos.
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