Del cinismo y otras falacias

Cuando todos los colombianos albergábamos, con moderado optimismo, la idea de que las FARC estaban resueltos a liberar a 5 de los secuestrados en su poder, aun a sabiendas de que su propósito no se orientara por cauces estrictamente humanitarios, hechos recientes como el plagio de dos trabajadores de la empresa Cartón de Colombia en El Tambo, Cauca, y, a su turno, el incumplimiento en su compromiso de liberar al mayor de la Policía Guillermo Solórzano y al cabo del Ejército Salín Sanmiguel, nos lleva a reflexionar de nuevo sobre la consecución de la paz y el fin del conflicto armado interno en este país para, finalmente, atribuirles a tales pretensiones, la cualidad de ilusorias.

Mientras se precian de obrar loablemente mediante “un gesto de humanidad” que, dicho sea de paso, es ofrecido a cuentagotas, las FARC, paradójicamente, prosiguen perpetrando con jactancia actos execrables, con los cuales terminan por minar la expectativa de algunos cuantos que todavía creen ingenuamente en la posibilidad de promover escenarios de discusión y concertación política que pongan punto final a la violencia.

¿Cómo creer en la posibilidad de abrir las puertas a un diálogo que tan sólo tiene un interlocutor? ¿Qué puede esperar el pueblo colombiano de un grupo terrorista que incumple con un mínimo compromiso? En este punto y dadas las actuales condiciones, resultaría totalmente disparatado aspirar siquiera a pensar, como algunos lo han insinuado tímidamente, en lo que se ha dado en denominar como la instalación de una Constituyente por la paz. Asunto que, por ahora, no cabe en la cabeza de nadie, máxime, cuando somos nosotros mismos quienes vemos cómo nuestra libertad y nuestra propia vida son sometidas vilmente como medio para satisfacer sus fines.

Si en realidad el objetivo de las FARC fuese la búsqueda de una solución distinta a la guerra, hace mucho habría liberado a la totalidad de los uniformados que todavía se encuentran en cautiverio, dejarían de lado las redes mafiosas del narcotráfico y con ello, el secuestro, la tortura, los atentados, los asesinatos y, en general, todo acto en contravía del respeto por los derechos fundamentales, la convivencia pacífica y un orden justo. Todo, claro está, sin lugar a condicionamientos de ninguna clase.

Celebramos, sin embargo, que la misión humanitaria nuevamente autorizada por el Gobierno Nacional para la liberación de los dos cautivos que, en un principio, fue frustrada por obra de las argucias de las propias FARC, quienes ahora aducen desconocer las razones que dieron al traste con la entrega unilateral de sus “prisioneros de guerra”, se haya llevado a cabo con éxito y dentro del marco previamente establecido en los respectivos protocolos.

Instamos categóricamente al grupo subversivo para que libere de una vez y por todas a los secuestrados que aún se encuentran cautivos en condiciones infrahumanas en la manigua de Colombia.

Violencia contra mujeres en el marco del conflicto armado

La ONG Oxfam, publicó recientemente un informe en donde manifestó que de 2001 a 2009, en 11 municipios analizados con presencia de actores armados, 489.697 mujeres fueron víctimas de violencia sexual durante ese periodo, lo cual indica que un promedio de 6 mujeres cada hora fueron víctimas directas de esos tipos de violencia en los territorios descritos, con un resultado de 26.453 mujeres embarazadas como fruto de  la violencia sexual. 

Este escenario resulta preocupante y pone de presente como Colombia es una sociedad que se encuentra inmersa en una cultura androcentrista, en donde imperan prácticas de dominación y en donde los derechos de las mujeres se han visto tradicionalmente vulnerados. 

Resulta aún más dramático cuando éstas prácticas se dan en contextos de guerra y de conflicto armado, como sucede en el caso colombiano, en la medida en que las formas de violencia adquieren rasgos particulares y se constituyen como prácticas y tácticas de guerra. 

Frente a ello, diversos tratados internacionales suscritos por Colombia se han preocupado por prohibir y condenar este tipo de actos: la Declaración de los derechos humanos, la Convención contra la Tortura, la CEDAW, la Convención Belén Do Para. A su vez el Estatuto de Roma, aplicable en situaciones de conflicto armado, califica como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra; la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada y otros abusos sexuales de gravedad comparable.

A nivel nacional, en particular la Corte Constitucional, mediante auto 092 de 2008, reconoció que las mujeres se encuentran en una situación de vulnerabilidad en la medida en que la violencia producida por el conflicto armado, las victimiza de manera diferencial y agudizada su situación.

A pesar de estos reconocimientos jurídicos, la situación de las mujeres sigue siendo invisibilizada. La denuncia, investigación y judicialización de casos de violencia sexual en el conflicto armado colombiano son casi inexistentes y la aplicación real de estas herramientas jurídicas es prácticamente una utopía. Como lo pone de presente la Alianza Iniciativa de Mujeres por la Paz en su 4º informe público, para marzo de 2009 únicamente se habían mencionado 9 hechos de violencia sexual en el marco de la Ley de Justicia y Paz. 

Es perentoria la aplicación real de estas herramientas jurídicas que protegen a la mujer en contextos de conflicto, para ello nuestra sociedad y los operadores jurídicos tienen una labor importante en la denuncia e investigación efectiva de  estos casos, en posibilitar que su tramitación se de a través de la Unidad de DIH y DDHH y no como procesos ordinarios, en que se lleve a cabo un acompañamiento psicológico para estas mujeres y en el impulso de cambios culturales profundos que supongan el abandono de prácticas androcentristas. Cambios que sin duda serán lentos, complejos y paulatinos, pero que son necesarios y básicos en todo país democrático.

En el limbo: sin TLC y sin ATPDEA

En la actualidad el mercado Estado Unidense es el más importante para las exportaciones Colombianas. Nuestras flores, café, metales preciosos, confecciones, frutas, vegetales, alimentos y bebidas, así como los combustibles, tienen como principal destino el mercado norteamericano, razón de más para considerar que el vencimiento del ATPDEA (Andean trade Promotion and Drug Eradication Act) constituye una clara amenza a nuestra economia, especialmente al sector exportador, y mas en el contexto actual en el cual la ratificacion del Tratado de Libre Comercio firmado hace ya varios años con Estados Unidos esta en el limbo, así queramos mantener un espiritu optimista por las manifestaciones de buena voluntad expresadas recientemente por algunos congresistas y algunos miembros de la administracion Obama, manifestaciones no solo tardías sino en algunos casos ambiguas.

En el contexto actual en el que se mueven las dinámicas globales es muy irresponsable desconocer que la interacción entre naciones, es vital para el crecimiento y el desarrollo económico y por su puesto para la lucha contra el narcotrafico, el terrorismo y a favor de la democracia. Los acuerdos comerciales con diversos países debe ser una prioridad para el desarrollo y la expansión de los diversos sectores de nuestra economía en la medida en que garantizan un mercado ampliado en el largo plazo a nuestros bienes y servicios. Los países del vecindario, tanto como Africa, Asia, Australia y Europa  deben ser aliados para el intercambio comercial y deben constituirse como destinos indiscutibles de los bienes y servicios de marca Colombiana. 

Lamentablemente, algunos sectores en Estados Unidos han decidido bloquear las posibilidades de intercambio comercial entre ambos países, con el pretexto de los derechos sindicales y el respeto a los derechos humanos, desconociendo no solo nuestro compromiso y nuestros avances en estos temas, sino la gran cooperación que existido entre Estados Unidos y Colombia en defensa de la democaracia y las libertades. Internamente sectores de oposición en su afán de dañar políticamente al gobierno, lo que están es generando daños colaterales en nuestra economía y están deteriorando la imagen del país en el exterior, cosa obvia al escuchar los comentarios de los demócratas cuando se les pregunta por Colombia. Tristemente ante la crisis anunciada ha habido pasividad de todos: gobierno, gremios, y empresarios respecto a las posibles alternativas a una realidad que hoy que nos abruma y y nos despertamos hoy sin preferencias y sin un “plan B”, nos lleva a la situacion actual en la cual nuestros productos caen en competitividad notablemente cuando hoy tienen que pagar un 17% de arancel, lo cual expone seriamente nuestra permanencia en el mercado norteamericano.

Las relaciones comerciales con Estados Unidos. son de tal importancia que han generado la creación de sectores tan productivos como el floricultor, el cual ha generado más de 150.000 empleados directos y formales. Otros sectores, como el de la confecciones se ha fortalecido por la buena demanda de sus productos. Sin embargo, muchos de esos productos no están subsidiados y entraban a Estados Unidos con cero aranceles gracias al ATPDEA, lo cual les permitia ser competitivos en el mercado internacional, a pesar de los altos subsidios que dan otros países a  varios de sus productos. Por lo tanto, no es necesario resaltar la tremenda importancia que tiene este mercado para Colombia y su industria, por lo cual debe ser de la más alta importancia los mecanismos para el acceso de nuestros productos, recordando que el 38% de nuestras exportaciones se dirigen a este mercado.

Un aumento del arancel a los productos colombianos, les quita la oportunidad a los productores nacionales en este mercado. El acuerdo de preferencias unilaterales que le da el gobierno estadounidense a Colombia  (ATPDEA) por la lucha contra el narcotráfico, es la única herramienta real que teniamos para poder seguir compitiendo en el mercado de Estados Unidos.

Hoy en día las perspectivas para la ratificación del TLC con Estados Unidos están cada vez más empantanadas. La situación actual de la potencia del norte, afecta directamente la ratificación del TLC pues la posición de los demócratas ha sido la de oponerse a la firma de tratados de libre comercio, que para el caso de Colombia ha tenido un lamentable y del todo cuestionable argumento de que en Colombia se matan sindicalistas de forma deliberada.

Cabe destacar que el Partido Demócrata ha sido plenamente proteccionista en términos de política comercial, y el gobierno y congreso Estadounidense tienen tantas prioridades previas a la ratificacion de nuestro tratado, que las posibilidades del TLC son mínimas. Por esta razón hay que actuar rápido y buscar soluciones a la actual situacion comercial con el vecino del norte. Es necesario que en conjunto, el gobierno y los empresarios busquen alternativas para contrarestar el efecto del vencimiento del ATPDEA a corto plazo, y se planteen una serie de politicas y programas de medianos y largo plazo encaminados a disminuir la dependencia del mercado americano, a fortalecer lazos comerciales con otros paises, ampliar los destinos comerciales de nuestros productos e impulsar la integracion comercial tanto con la región como con socios estrategicos en el mundo para llevar nuestros productos a nuevos mercados y abrir el nuestro a bienes y servicios que nos permitan innovar, refrescar nuestra industria y subir nuestros niveles de produccion y competitividad a estandares internacionales.

Con eso se daría estabilidad jurídica y comercial a los industriales colombianos y se aseguraría el acceso de los productos al mercado internacional. Esto es algo vital para los trabajadores que se emplean en el sector exportador del país, ya que el vencimiento del ATPDEA y una diversificación de las exportaciones toma tiempo y recursos, que no se tienen, es una realidad sombria para muchas familias colombianas. Por esta razón en Colombia se deben tomar medidas contingentes urgentes, buscar una salida a la posicion en la que nos deja el vencimiento de este acuerdo, buscando ampliar nuestras opciones comerciales y politicas de comercio exterior que garanticen a nuestros productores los canales comerciales permanentes para el desarrollo de la industria nacional. 

Mientras paises como Vietnam aumentan sus exportaciones a los Estados Unidosa pesar de no tener preferencias, ¿no sera que podemos trabajar mas en un modelo de industrializacion que fortalezca y desarrolle verdaderas ventajas competitivas sostenibles por parte de nuestro aparato productivo para poder competir no solo por el mercado interno sino tambien por el mercado internacinal?

¿Qué ha pasado con las CAR?

Ante la grave calamidad pública ocasionada por el fenómeno de “La Niña”, era más que necesaria la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica para adoptar medidas excepcionales  que logren remediar con eficacia la magnitud de sus consecuencias, así como la prolongación de las mismas.

De hecho, las facultades que de ordinario ejerce el Gobierno Nacional en materia de atención y prevención de desastres, resultan exiguas para hacerle frente a la coyuntura actual, en donde a más de evidenciarse una crítica situación económica como producto de la destrucción de vías de comunicación, de bienes inmuebles y de la interrupción de servicios públicos, se hace más que evidente la afectación a los derechos de rango fundamental de los habitantes de zonas de ladera perjudicados, que, incluso, aún siguen expuestos a riesgos extraordinarios en donde residen.

Con todo, aun si en gracia de discusión se debatiera sobre la capacidad del Estado para reaccionar con suficiencia frente al alto impacto negativo de semejante desastre natural, lo cierto es que pudo haberse mitigado tal catástrofe, en parte, por vía del proceder eficaz y efectivo de las entidades que hacen parte del Sistema Nacional Ambiental -SINA-, cuyo objetivo primordial alude a la protección del medio ambiente y el patrimonio natural de la Nación. Desafortunadamente, se dio al traste con dicho cometido.

Para justificar el aserto bastaría con revisar, por ejemplo, las competencias que por vía de expreso mandato constitucional y legal, se le otorgaron a las Corporaciones Autónomas Regionales para la prevención y atención de desastres, entre otras razones, porque ejercen la máxima autoridad ambiental en el lugar de su jurisdicción.

Los mencionados entes, además, son los encargados de realizar las actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres, en coordinación con las demás autoridades competentes, así como de asistirlas en los aspectos medioambientales de prevención y atención de emergencias y desastres. A su turno, vigila el desarrollo, junto con las administraciones municipales o distritales, de programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como el control de erosión y el manejo de cauces y reforestación.

Pero ninguna de las funciones anteriormente detalladas se cumplió. Por el contrario, cabe agregar que hubo una excesiva tolerancia, por parte de estos entes corporativos, en el impulso de actividades de minería ilegal, construcciones de infraestructura sin la mínima observancia de las normas ambientales, la intensificación de procesos de degradación ambiental, la pérdida de la capacidad de regulación hídrica y, por supuesto, la ejecución de obras preventivas y correctivas fragmentadas que devinieron insubstanciales para hacer frente a la coyuntura medio ambiental al carecer del concepto técnico de gestión integral del territorio.

De suerte que de existir un eficiente manejo en la política de gestión integral y sistémica del tema ambiental, al menos desde sus aristas de prevención y control del riesgo, tal vez otro sería el panorama. En todo caso, interesa destacar que, más allá de los vivos debates que puedan suscitarse en el seno del Congreso y de la propia Corte Constitucional por cuenta de sus respectivos deberes de pronunciarse sobre la conveniencia, oportunidad y constitucionalidad de la fusión y modificación de las CAR, el asunto es, justamente, poner de presente su inoperancia derivada de la forma en que actualmente se organiza y funciona, para con ello efectuar los ajustes acertados que permitan la plena y efectiva realización de sus competencias.

La Asamblea Nacional Constituyente: 20 años de su instalación

Al conmemorarse 20 años de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente y, con ello, el inicio de toda una suerte de sesiones y deliberaciones encaminadas a la promulgación de una nueva Ley fundamental, cuyos contenidos fueron alimentados, en buena medida, por los consensos ciudadanos dentro del más amplio marco democrático y pluralista, debe efectuarse un llamado a la reflexión, no ya a partir de lo expresamente vertido en nuestra Carta Política, sino a través de los desarrollos que ella ha permitido.

Por tanto, aun cuando pueda decirse que se ha concretado gradualmente la apertura política, la redistribución del poder regional, la protección reforzada de los derechos fundamentales a través de la acción de tutela, la democracia participativa y la transformación ideológica y política del Estado para privilegiar la dignidad humana, no debemos olvidar que requerimos todavía de ingentes esfuerzos para materializar uno de los propósitos que orientaron el espíritu del constituyente en la elaboración de toda la Constitución: la consecución de la paz como uno de los valores principalísimos en nuestro ordenamiento, en donde a cada uno de los colombianos nos corresponde contribuir a su logro y mantenimiento, bajo el supuesto de avanzar cada día más en el fortalecimiento institucional que garantice la materialización de los derechos constitucionales.

Regulación de los Costos financieros por el Estado

Mucho se habla por estos días de la pugna entre el Gobierno y el sector financiero a raíz de las tarifas que éste último cobra a sus usuarios. Temas tan sensibles como la integridad del mercado de valores, la regulación de los costos del sector y la publicidad de los mismos, el abuso de posición dominante y hasta el alcance de los derechos de los consumidores, han sido objeto de una interesante discusión que se ha extendido, inclusive, al tema de la legitimidad del Ejecutivo para intervenir en este campo de la economía.

Conviene recordar lo establecido en nuestra Carta Política a partir de la consagración de Colombia como un Estado Social y Democrático de Derecho -arts. 1º y 2º C.P.-. Así, la actividad de las autoridades públicas dejó de circunscribirse, conforme a los postulados de la filosofía liberal, al mero cumplimiento de simples deberes de abstención para la realización efectiva de ciertos derechos de los individuos, para entonces enderezarse a la ejecución de actos y formulación de políticas de intervención que se traduzcan en medidas positivas encaminadas a promover las condiciones sociales y económicas básicas en procura del bienestar general de los habitantes y de la materialización gradual de sus derechos.

En cuanto tiene que ver con la actividad financiera y bursátil, relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, ha de resaltarse que la actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común, frente a las cuales el Estado impedirá que se restrinja la libertad económica y evitará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.

De lo anterior, cabe concluir que tanto el legislador como el Gobierno Nacional, por vía de expreso mandato constitucional, gozan de las potestades suficientes para establecer las normas generales y los criterios para la regulación de las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos provenientes del público, así como también para su respectiva inspección, control y vigilancia.

En ello, el Estado debe garantizar el difícil equilibrio entre la libertad de una actividad privada que, por supuesto, debe generar rentabilidad, y la necesaria regulación para evitar riesgos injustificados en el manejo del ahorro privado o, abusos de posición dominante por parte de la industria financiera.

De este necesario balance, debemos lograr un avance decidido hacia la mayor bancarización de los colombianos, con lo cual podremos aspirar a la definitiva eliminación de la informalidad, de los agiotistas, de los JJ y de tantos abusadores financieros que son infinitamente más nocivos y riesgosos para la sociedad.

Córdoba: Retroceso de la Seguridad Democrática? Breve análisis desde las cifras

A principios de enero de este año fueron asesinados en Córdoba dos jóvenes estudiantes  de la Universidad de los Andes, un hecho trágico que conmocionó a todos los colombianos. Sin embargo es claro que éste no es un caso aislado, ni tampoco el único en este departamento o el país. Gestores culturales, maestros, jóvenes y campesinos muertos en los primeros días del año en Córdoba, antecedieron a este crimen horrendo. Este hecho tan lamentable parece sugerir una  grave realidad: Que la violencia pareciera retornar a este departamento, aquella violencia que imperaba cuando estructuras de las AUC disputaban territorios con diferentes grupos guerrilleros, y que en el 2003 logró ser en gran medida menguada mediante la Política de Defensa y Seguridad Democrática.

Desde su implementación en el 2003, la Política de Defensa y Seguridad Democrática contribuyó significativamente en la disminución de las cifras de violencia en el país y en Córdoba. Cifras tanto institucionales como de ONG´s reconocen este hecho: de acuerdo a las cifras del Observatorio de Derechos Humanos, la violencia disminuyó de forma generalizada en todo el país del año 2002 a 2003: de 28.837 homicidios a 23.013, una tendencia que se prolongó durante los años siguientes. Los estudios de la Corporación Nuevo Arco Iris mencionan que las acciones bélicas de las FARC EP  disminuyeron de 2063 en 2002 a 541 en 2008. El CINEP, afirma que las violaciones a los Derechos Humanos de 2002 a 2007 también disminuyeron durante ese periodo: de 3.177 en el 2002 a 1.959 en el 2009.

Si bien esta fue una tendencia nacional, lo propio ocurrió en Córdoba: Según las cifras del observatorio de derechos humanos la tasa de homicidio en Córdoba disminuyó de 2003 a 2005 de 18,43 a 11, 43.

Sin embargo las cifras no parecen ser tan optimistas estos últimos años, en particular el año 2009 ha sido un catalogado como un periodo de recrudecimiento de la violencia. Las cifras presentadas por el Instituto de Medicina Legal, manifiestan que se ha pasado de 3.031 homicidios en 2008 a 17.717 homicidios en 2009.

A nivel departamental, en el caso de Córdoba tanto Codhes  como las cifras del Observatorio de los Derechos Humanos confirman esta situación, en donde se evidencia un recrudecimiento de la violencia, que en el caso particular de Córdoba viene incluso desde años anteriores, en especial desde el 2006. Para el periodo de 2008 los homicidios aumentaron en este departamento en un 9%, los homicidios de alcaldes en un 100%, de indígenas en un 33%, de sindicalizados en un 100%, homicidios de maestros en un 100%.

Esta tendencia de aumento de homicidios desde el 2006 se explica en Córdoba principalmente por la aparición de bandas emergentes en diferentes municipios del departamento durante este año y los subsiguientes: Águilas Negras o Don Mario, los Paisas y los Rastrojos.  

Así pues, ¿qué está ocurriendo con la política de defensa y  seguridad democrática que arrojaba tan alentadoras cifras desde su implementación? ¿Acaso nos encontramos ante un retroceso de esta política? El asesinato de Mateo Matamala y Margarita Gómez no es sino uno de los centenares de ejemplos que evidencian una situación del recrudecimiento de la violencia en esa región. No es  un caso aislado del año 2011, sino que refleja un escenario de violencia que viene en aumento desde el 2006 como lo ponen de presente las estadísticas para este departamento. No es aceptable que ahora las autoridades simplemente nos cuenten que las Bacrim han crecido , ni que tienen ya una organización de algunos miles de hombres armados , ni que su fuente de financiación es el narcotráfico.  Todo eso ya lo vivimos en el pasado con guerrillas y AUC y precisamente lo que hicimos al llevar Policía y Fuerzas Militares a todos los municipios de Colombia en el 2003, garantizaba la terminación de estas masacres y de la violación sistemática de los derechos a la vida, seguridad y libertad de todos los ciudadanos por cuenta de esos grupos.

Muchas víctimas ha cobrado esta violencia, que deben ser también recordadas, entre ellas Arnedys Fuentes Ramos, tendero de 42 años de San Bernardo del Viento, Iraldo José Rivero vendedor de Cocos asesinado por sicarios en la Vereda las Vegas, Miguel Cochero Mozo habitante del corregimiento de las Garitas jurisdicción de Lorica, entre muchos otros.  Desafortunadamente esta realidad ha cobrado la vida de dos jóvenes con vidas promisorias para que nuestra sociedad pudiera visibilizarla.