Mucho se habla por estos días de la pugna entre el Gobierno y el sector financiero a raíz de las tarifas que éste último cobra a sus usuarios. Temas tan sensibles como la integridad del mercado de valores, la regulación de los costos del sector y la publicidad de los mismos, el abuso de posición dominante y hasta el alcance de los derechos de los consumidores, han sido objeto de una interesante discusión que se ha extendido, inclusive, al tema de la legitimidad del Ejecutivo para intervenir en este campo de la economía.
Conviene recordar lo establecido en nuestra Carta Política a partir de la consagración de Colombia como un Estado Social y Democrático de Derecho -arts. 1º y 2º C.P.-. Así, la actividad de las autoridades públicas dejó de circunscribirse, conforme a los postulados de la filosofía liberal, al mero cumplimiento de simples deberes de abstención para la realización efectiva de ciertos derechos de los individuos, para entonces enderezarse a la ejecución de actos y formulación de políticas de intervención que se traduzcan en medidas positivas encaminadas a promover las condiciones sociales y económicas básicas en procura del bienestar general de los habitantes y de la materialización gradual de sus derechos.
En cuanto tiene que ver con la actividad financiera y bursátil, relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, ha de resaltarse que la actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común, frente a las cuales el Estado impedirá que se restrinja la libertad económica y evitará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.
De lo anterior, cabe concluir que tanto el legislador como el Gobierno Nacional, por vía de expreso mandato constitucional, gozan de las potestades suficientes para establecer las normas generales y los criterios para la regulación de las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos provenientes del público, así como también para su respectiva inspección, control y vigilancia.
En ello, el Estado debe garantizar el difícil equilibrio entre la libertad de una actividad privada que, por supuesto, debe generar rentabilidad, y la necesaria regulación para evitar riesgos injustificados en el manejo del ahorro privado o, abusos de posición dominante por parte de la industria financiera.
De este necesario balance, debemos lograr un avance decidido hacia la mayor bancarización de los colombianos, con lo cual podremos aspirar a la definitiva eliminación de la informalidad, de los agiotistas, de los JJ y de tantos abusadores financieros que son infinitamente más nocivos y riesgosos para la sociedad.
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