Un área de mar territorial de 62 mil km2 que circunda la Isla de San Andrés, se encuentra actualmente cobijada bajo la categoría de Reserva de Biosfera y de Área Marina Protegida de Seaflower. Esta última se caracteriza por ser de una riqueza natural de importancia: Acoge el 76 por ciento de los arrecifes coralinos de Colombia, sirve de anidación a tortugas y aves y es hábitat de 407 especies de peces, así como de centenares de otros animales y organismos marinos.
Sin embargo, durante los últimos meses, se ha generado en este lugar, una polémica en torno a la conveniencia o inconveniencia del desarrollo de actividades de exploración y explotación de petróleo.
Por un lado la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) adjudicó dos bloques de hidrocarburos (Cayos 1 y 5) a Ecopetrol y a la empresa hispana-argentina Repso-YPF, para exploración (Cayo 1) y explotación (Cayo 5) de petróleo.
Por otro lado, miembros de la comunidad del Archipiélago de San Andrés y de la Fundación Coralina, están en desacuerdo con dicha medida, entre otras razones porque afectarán la reserva marina y el procedimiento se realizó sin los requisitos legales exigidos.
¿Qué reflexiones pueden hacerse en torno a este caso?
Por un lado, es cierto que este tipo de polémicas son usuales en los países con grandes riquezas en recursos naturales, pero con profundas necesidades de desarrollo y de medidas que logren enfrentar la pobreza, como ocurre en Colombia. La tradicional díada entre desarrollo económico y protección del medio ambiente, ha sido difícil de conciliar. Es por ello que se ha planteado el modelo de desarrollo sostenible, que en efecto es el fundamento de nuestra legislación ambiental.
Así, inicialmente parece razonable la exploración y explotación de hidrocarburos en la isla, en la medida en que ello contribuye al desarrollo de la zona y del país en general, siempre y cuando estos procedimientos se desarrollen bajo los estrictos estándares de la normatividad en materia ambiental.
Sin embargo, el problema es que esa legislación poco se cumple, y con razón los isleños sienten temor, cuando ven que su caso tiende a repetir la historia de muchas zonas de Colombia, como ocurrió en Santa Marta en donde las playas hoy en día se encuentran notablemente deterioradas frente al avance de la extracción de carbón a cielo abierto por la minera estadounidense Drumond, como ocurrió en su momento en Caracolí, cuando las comunidades wayúu fueron desplazadas de su territorio, por las actividades de extracción de carbón a cielo abierto desarrolladas por parte del Cerrejón que generaron altos niveles de contaminación en la zona. Sienten temor también por los riesgos de derrame de petróleo, como ocurrió en el catastrófico caso del Golfo de México hace poco tiempo. No sólo ellos sienten temor, sino que todos deberíamos sentirlo pues se trata de una riqueza coralina tan única del mar del archipiélago que amenaza con sufrir un daño incalculable.
Por otra parte, los isleños se sienten totalmente excluidos del proceso, en la medida en que el ANH realizó la adjudicación de dichas zonas, sin desarrollar la consulta previa, derecho fundamental de los raizales y trámite obligatorio en todo proceso de exploración y explotación de recursos en su territorio o cuando se expidan medidas administrativas y legislativas que de alguna forma perjudiquen su integridad étnica.
Y es que la consulta se llama “previa”, precisamente porque debe ser desarrollada con anterioridad a toda adjudicación. El nombre no es gratuito, pues ello garantiza que la comunidad tenga certeza en qué medida se va a ver afectada, tenga conocimiento pleno del procedimiento y pueda pronunciarse respecto a la viabilidad del mismo.
Por último, el beneficio que reporta este tipo de actividades a estas comunidades, muchas veces es ilusorio. No falta sino recordar, cómo Barrancabermeja, siendo la sede de refinería de petróleo más grande del país al producir el 80% de los combustibles en Colombia, cuenta en cambio con un alto índice de pobreza del orden del 62%, con un índice de necesidades básicas insatisfechas del 29,48% y altísimos niveles de contaminación, de acuerdo a un estudio realizado por la Cámara de Comercio de esta ciudad.
Cabe entonces plantear la necesidad urgente de una política de desarrollo sostenible que pueda conciliar la protección ambiental de los recursos marinos de Colombia y las posibilidades de una exploración petrolera en los mismos bajo rigurosos controles del Estado y la comunidad. Para ello, es deseable que se dé el debate una vez se vuelva a crear el Ministerio de Medio Ambiente, con elementos técnicos científicos, con las comparaciones internacionales adecuadas y unas garantías ciertas de participación de la comunidad. Mientras ello no suceda lo razonable es mantener suspendido cualquier proceso de licitación para exploración petrolera en las aguas territoriales del archipiélago, tal como en buena hora lo decidió la ANH en el mes de febrero de este año.
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