Un control político previo, riguroso y serio ejercido desde los partidos políticos y la ciudadanía es sinónimo de un ejercicio transparente de la política

Se ha vuelto una constante en Colombia, la vinculación de los funcionarios públicos y en particular de los congresistas con casos de corrupción y por ende se ha hecho recurrente en los noticieros, la vinculación de éstos últimos a procesos penales por tráfico de influencias, peculado por apropiación, celebración indebida de contratos, etc.

Este es el caso por ejemplo de la vinculación del senador del Polo Democrático, Iván Moreno, con el caso del “carrusel de las contrataciones”, lo que supuso, en efecto, su detención por orden de la Corte Suprema de Justicia la semana pasada. O bien el caso de los trece senadores, vinculados a un proceso por tráfico de influencias, al haber nombrado en la Dirección Nacional de Estupefacientes, personas cercanas como depositarios o administradores de bienes incautados a narcotraficantes. Por último, el reciente caso de la representante a la Cámara, Lucero Cortés quien se encuentra actualmente en detención domiciliaria por la investigación que se le adelanta por tráfico de influencias, entre muchos otros casos.

Esta sucesión indefinida e ilimitada de casos de corrupción, nos hace reflexionar entorno a la precaria función y poca eficacia del control político en nuestro país. ¿Acaso la función de este control no es la de buscar un equilibrio de poderes entre los diferentes órganos, de forma que se puedan prevenir eficientemente casos de corrupción como los anotados anteriormente?

No parece razonable, que los casos de corrupción en nuestro país, muchas veces queden impunes y que los pocos que se hacen visibles, sean corregidos sólo posteriormente mediante sentencias proferidas por parte de la rama judicial. Esto sólo demuestra una cosa, y es que el control político previo no está funcionando correctamente. Parece que se nos olvidara la importancia de un control político previo, ejercido desde las instituciones, desde los partidos políticos y desde la ciudadanía, de forma que no se haga necesario la espera de una sentencia proferida por parte de un juez de la República, para enmendar sólo posteriormente el actuar de nuestros funcionarios públicos.

Dentro de los regímenes democráticos se ha reconocido la necesidad de establecer un control político entre los diversos detentadores del poder en un Estado. En efecto, ese control en Colombia, se manifiesta de múltiples formas, entre las cuales se pueden mencionar las siguientes: 

En primer lugar el control político del legislativo hacia el ejecutivo, en virtud del cual es posible requerir y emplazar a los Ministros y demás autoridades, y conocer de las acusaciones que se formulen contra altos funcionarios del Estado. La moción de censura y la moción de observación son ejemplos de este tipo de control.

En segundo lugar, también existe un control político del ejecutivo sobre el legislativo, como por ejemplo la facultad que tiene el presidente de objetar los proyectos de Ley, por razones políticas.

En tercer lugar, existe un control de los partidos políticos hacia sus miembros, como por ejemplo el ejercido mediante las comisiones de ética hacia sus militantes, al interior de cada uno de los partidos.

En cuarto lugar, existe un control del electorado sobre los elegidos, es decir un control político de la ciudadanía por ejemplo mediante mecanismos de participación ciudadana como la revocatoria de mandato, el voto, las veedurías ciudadanas, entre otros.  

Así pues, los sucesivos casos en donde funcionarios y en particular congresistas se han visto vinculados en procesos penales por diversos casos de corrupción, da cuenta de cómo es necesario fortalecer un control político previo en nuestro país, haciendo uso de los mecanismos constitucionales, legales y estatutarios de los partidos políticos establecidos para el efecto.

En particular la ciudadanía y los partidos políticos tienen un rol muy importante que jugar en este sentido: una ciudadanía empoderada y que ejerza este control social es garantía del ejercicio de una política más transparente y unos partidos políticos que hagan seguimiento mediante los diversos mecanismos estatutarios y legales establecidos, como las veedurías, Consejos de control ético y Tribunales disciplinarios, es garantía de un control previo que puede desincentivar ese tipo de actuaciones tan desafortunadas y nocivas para nuestro Estado de Derecho.

La inmediatez del populismo

Tras los recientes anuncios del mandatario venezolano sobre los incrementos salariales tanto para el sector privado como para los empleados públicos comienza a denotarse las primeras de una serie de medidas populistas encaminadas a aumentar la popularidad del presidente venezolano en electorado con razón de las elecciones que se avecinan el año entrante.

Los incrementos del 25% y de entre un 45% a un 60% en los sectores privados y públicos respectivamente, según representantes de los gremios se hizo sin ninguna concertación con el sector y sin ninguna medida paralela que contrarreste los efectos económicos de dichas medidas.

En su afán populista y en la búsqueda de unas mayorías que garantícen las elecciones del próximo año, el gobierno no tiene en cuenta aspectos básicos de la economía nacional como la inflación, la informalidad del empleo, la disminución de la productividad y competitividad de su industria.

Para nadie es difícil ver tras un breve análisis que lo que se logrará con medidas como las actuales es desincentivar el empleo, ya que con el aumento en los costo de nomina vienen los recortes de personal, la decisión de los empleadores de incurrir en vinculaciones informales de trabajadores, aumentar los costos de funcionamiento y producción tanto del sector público como privado, aumentar el costo de la nomina estatal, que a su vez requerirá de un aumento del recaudo tributario para compensar este crecido rubro, inflación y mayor desincentivo aun de la inversión extrajera, tan necesaria para el desarrollo de un país.

A raíz de medidas como estas cabe preguntarse qué va a pasar con las pequeñas empresas del vecino país? Cómo va a manejar los recortes masivos de personal, los efectos de la informalidad y el escenario a mediano plazo de la cantidad enorme de ciudadanos por fuera del sistema de seguridad social. Cuánto aguantará el petróleo para afrontar las consecuencias de dichas medidas?

Una vez más nos lamentamos por el retroceso en la integración Colombo Venezolana desde comienzos de la década pasada y por el desaprovechamiento de la oportunidad de haber potenciado a complementariedad de nuestras economías. De seguro habríamos podido desarrollar cadenas productivas exportadoras hacia terceros mercados, con insumos y materias primas de cualquiera de los dos países. Nos queda solo rogar porque se mantenga la paz en Venezuela, a pesar de la situación de deterioro que hoy vive su pueblo. Que tantos espejos que tiene Colombia en la región, le sirvan para mirarse constantemente y avanzar con el liderazgo y compromiso de lo mejor de nuestros dirigentes hacia el perfeccionamiento de la democracia y del estado de Derecho, de tal manera que quedemos vacunados de modelos, “revolucionarios” revaluados,  ineficientes, populistas y poco transparentes.

La reserva de Biosfera de San Andrés y la exploración y explotación de petróleo

Un área de mar territorial de 62 mil km2 que circunda la Isla de San Andrés, se encuentra actualmente cobijada bajo la categoría de Reserva de Biosfera y de Área Marina Protegida de Seaflower. Esta última se caracteriza por ser de una riqueza natural de importancia: Acoge el 76 por ciento de los arrecifes coralinos de Colombia, sirve de anidación a tortugas y aves y es hábitat de 407 especies de peces, así como de centenares de otros animales y organismos marinos.

Sin embargo, durante los últimos meses, se ha generado en este lugar, una polémica en torno a la conveniencia o inconveniencia del desarrollo de actividades de exploración y explotación de petróleo.

Por un lado la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) adjudicó dos bloques de hidrocarburos (Cayos 1 y 5) a Ecopetrol y a la empresa hispana-argentina Repso-YPF, para exploración (Cayo 1) y explotación  (Cayo 5) de petróleo.

Por otro lado, miembros de la comunidad del Archipiélago de San Andrés y de la Fundación Coralina, están en desacuerdo con dicha medida, entre otras razones porque afectarán la reserva marina y el procedimiento se realizó sin los requisitos legales exigidos.

¿Qué reflexiones pueden hacerse en torno a este caso?

Por un lado, es cierto que este tipo de polémicas son usuales en los países con grandes riquezas en recursos naturales, pero con profundas necesidades de desarrollo y de medidas que logren enfrentar la pobreza, como ocurre en Colombia. La tradicional díada entre desarrollo económico y protección del medio ambiente, ha sido difícil de conciliar. Es por ello que se ha planteado el modelo de desarrollo sostenible,  que en efecto es el fundamento de nuestra legislación ambiental.

Así, inicialmente parece razonable la exploración y explotación de hidrocarburos en la isla, en la medida en que ello contribuye al desarrollo de la zona y del país en general, siempre y cuando estos procedimientos se desarrollen bajo los estrictos estándares de la normatividad en materia ambiental.

Sin embargo, el problema es que esa legislación poco se cumple, y con razón los isleños sienten temor, cuando ven que su caso tiende a repetir la historia de muchas zonas de Colombia, como ocurrió en Santa Marta en donde las playas hoy en día se encuentran notablemente deterioradas frente al avance de la extracción de carbón a cielo abierto por la minera estadounidense Drumond, como ocurrió en su momento en Caracolí, cuando las comunidades wayúu fueron desplazadas de su territorio, por las actividades de extracción de carbón a cielo abierto desarrolladas por parte del Cerrejón que generaron altos niveles de contaminación en la zona. Sienten temor también por los riesgos de derrame de petróleo, como ocurrió en el catastrófico caso del Golfo de México hace poco tiempo. No sólo ellos sienten temor, sino que todos deberíamos sentirlo pues se trata de una riqueza coralina tan única del mar del archipiélago que amenaza con sufrir un daño incalculable.

Por otra parte, los isleños se sienten totalmente excluidos del proceso, en la medida en que el ANH realizó la adjudicación de dichas zonas, sin desarrollar la consulta previa, derecho fundamental de los raizales y trámite obligatorio en todo proceso de exploración y explotación de recursos en su territorio o cuando se expidan medidas administrativas y legislativas que de alguna forma perjudiquen su integridad étnica.

Y es que la consulta se llama “previa”, precisamente porque debe ser desarrollada con anterioridad a toda adjudicación. El nombre no es gratuito, pues ello garantiza que la comunidad tenga certeza en qué medida se va a ver afectada, tenga conocimiento pleno del procedimiento y pueda pronunciarse respecto a la viabilidad del mismo.

Por último, el beneficio que reporta este tipo de actividades a estas comunidades, muchas veces es ilusorio. No falta sino recordar, cómo Barrancabermeja, siendo la sede de refinería de petróleo más grande del país al producir el 80% de los combustibles en Colombia, cuenta en cambio con un alto índice de pobreza del orden del 62%, con un índice de necesidades básicas insatisfechas del 29,48% y altísimos niveles de contaminación, de acuerdo a un estudio realizado por la Cámara de Comercio de esta ciudad.

Cabe entonces plantear la necesidad urgente de una política de desarrollo sostenible que pueda conciliar la protección ambiental de los recursos marinos de Colombia y las posibilidades de una  exploración petrolera en los mismos bajo rigurosos controles del Estado y la comunidad. Para ello, es deseable que se dé el debate una vez se vuelva a crear el Ministerio de Medio Ambiente, con elementos técnicos científicos, con las comparaciones internacionales adecuadas y unas garantías ciertas de participación de la comunidad. Mientras ello no suceda lo razonable es mantener suspendido cualquier proceso de licitación para exploración petrolera en las aguas territoriales del archipiélago, tal como en buena hora lo decidió la ANH en el mes de febrero de este año.