Un control político previo, riguroso y serio ejercido desde los partidos políticos y la ciudadanía es sinónimo de un ejercicio transparente de la política

Se ha vuelto una constante en Colombia, la vinculación de los funcionarios públicos y en particular de los congresistas con casos de corrupción y por ende se ha hecho recurrente en los noticieros, la vinculación de éstos últimos a procesos penales por tráfico de influencias, peculado por apropiación, celebración indebida de contratos, etc.

Este es el caso por ejemplo de la vinculación del senador del Polo Democrático, Iván Moreno, con el caso del “carrusel de las contrataciones”, lo que supuso, en efecto, su detención por orden de la Corte Suprema de Justicia la semana pasada. O bien el caso de los trece senadores, vinculados a un proceso por tráfico de influencias, al haber nombrado en la Dirección Nacional de Estupefacientes, personas cercanas como depositarios o administradores de bienes incautados a narcotraficantes. Por último, el reciente caso de la representante a la Cámara, Lucero Cortés quien se encuentra actualmente en detención domiciliaria por la investigación que se le adelanta por tráfico de influencias, entre muchos otros casos.

Esta sucesión indefinida e ilimitada de casos de corrupción, nos hace reflexionar entorno a la precaria función y poca eficacia del control político en nuestro país. ¿Acaso la función de este control no es la de buscar un equilibrio de poderes entre los diferentes órganos, de forma que se puedan prevenir eficientemente casos de corrupción como los anotados anteriormente?

No parece razonable, que los casos de corrupción en nuestro país, muchas veces queden impunes y que los pocos que se hacen visibles, sean corregidos sólo posteriormente mediante sentencias proferidas por parte de la rama judicial. Esto sólo demuestra una cosa, y es que el control político previo no está funcionando correctamente. Parece que se nos olvidara la importancia de un control político previo, ejercido desde las instituciones, desde los partidos políticos y desde la ciudadanía, de forma que no se haga necesario la espera de una sentencia proferida por parte de un juez de la República, para enmendar sólo posteriormente el actuar de nuestros funcionarios públicos.

Dentro de los regímenes democráticos se ha reconocido la necesidad de establecer un control político entre los diversos detentadores del poder en un Estado. En efecto, ese control en Colombia, se manifiesta de múltiples formas, entre las cuales se pueden mencionar las siguientes: 

En primer lugar el control político del legislativo hacia el ejecutivo, en virtud del cual es posible requerir y emplazar a los Ministros y demás autoridades, y conocer de las acusaciones que se formulen contra altos funcionarios del Estado. La moción de censura y la moción de observación son ejemplos de este tipo de control.

En segundo lugar, también existe un control político del ejecutivo sobre el legislativo, como por ejemplo la facultad que tiene el presidente de objetar los proyectos de Ley, por razones políticas.

En tercer lugar, existe un control de los partidos políticos hacia sus miembros, como por ejemplo el ejercido mediante las comisiones de ética hacia sus militantes, al interior de cada uno de los partidos.

En cuarto lugar, existe un control del electorado sobre los elegidos, es decir un control político de la ciudadanía por ejemplo mediante mecanismos de participación ciudadana como la revocatoria de mandato, el voto, las veedurías ciudadanas, entre otros.  

Así pues, los sucesivos casos en donde funcionarios y en particular congresistas se han visto vinculados en procesos penales por diversos casos de corrupción, da cuenta de cómo es necesario fortalecer un control político previo en nuestro país, haciendo uso de los mecanismos constitucionales, legales y estatutarios de los partidos políticos establecidos para el efecto.

En particular la ciudadanía y los partidos políticos tienen un rol muy importante que jugar en este sentido: una ciudadanía empoderada y que ejerza este control social es garantía del ejercicio de una política más transparente y unos partidos políticos que hagan seguimiento mediante los diversos mecanismos estatutarios y legales establecidos, como las veedurías, Consejos de control ético y Tribunales disciplinarios, es garantía de un control previo que puede desincentivar ese tipo de actuaciones tan desafortunadas y nocivas para nuestro Estado de Derecho.

La inmediatez del populismo

Tras los recientes anuncios del mandatario venezolano sobre los incrementos salariales tanto para el sector privado como para los empleados públicos comienza a denotarse las primeras de una serie de medidas populistas encaminadas a aumentar la popularidad del presidente venezolano en electorado con razón de las elecciones que se avecinan el año entrante.

Los incrementos del 25% y de entre un 45% a un 60% en los sectores privados y públicos respectivamente, según representantes de los gremios se hizo sin ninguna concertación con el sector y sin ninguna medida paralela que contrarreste los efectos económicos de dichas medidas.

En su afán populista y en la búsqueda de unas mayorías que garantícen las elecciones del próximo año, el gobierno no tiene en cuenta aspectos básicos de la economía nacional como la inflación, la informalidad del empleo, la disminución de la productividad y competitividad de su industria.

Para nadie es difícil ver tras un breve análisis que lo que se logrará con medidas como las actuales es desincentivar el empleo, ya que con el aumento en los costo de nomina vienen los recortes de personal, la decisión de los empleadores de incurrir en vinculaciones informales de trabajadores, aumentar los costos de funcionamiento y producción tanto del sector público como privado, aumentar el costo de la nomina estatal, que a su vez requerirá de un aumento del recaudo tributario para compensar este crecido rubro, inflación y mayor desincentivo aun de la inversión extrajera, tan necesaria para el desarrollo de un país.

A raíz de medidas como estas cabe preguntarse qué va a pasar con las pequeñas empresas del vecino país? Cómo va a manejar los recortes masivos de personal, los efectos de la informalidad y el escenario a mediano plazo de la cantidad enorme de ciudadanos por fuera del sistema de seguridad social. Cuánto aguantará el petróleo para afrontar las consecuencias de dichas medidas?

Una vez más nos lamentamos por el retroceso en la integración Colombo Venezolana desde comienzos de la década pasada y por el desaprovechamiento de la oportunidad de haber potenciado a complementariedad de nuestras economías. De seguro habríamos podido desarrollar cadenas productivas exportadoras hacia terceros mercados, con insumos y materias primas de cualquiera de los dos países. Nos queda solo rogar porque se mantenga la paz en Venezuela, a pesar de la situación de deterioro que hoy vive su pueblo. Que tantos espejos que tiene Colombia en la región, le sirvan para mirarse constantemente y avanzar con el liderazgo y compromiso de lo mejor de nuestros dirigentes hacia el perfeccionamiento de la democracia y del estado de Derecho, de tal manera que quedemos vacunados de modelos, “revolucionarios” revaluados,  ineficientes, populistas y poco transparentes.

La reserva de Biosfera de San Andrés y la exploración y explotación de petróleo

Un área de mar territorial de 62 mil km2 que circunda la Isla de San Andrés, se encuentra actualmente cobijada bajo la categoría de Reserva de Biosfera y de Área Marina Protegida de Seaflower. Esta última se caracteriza por ser de una riqueza natural de importancia: Acoge el 76 por ciento de los arrecifes coralinos de Colombia, sirve de anidación a tortugas y aves y es hábitat de 407 especies de peces, así como de centenares de otros animales y organismos marinos.

Sin embargo, durante los últimos meses, se ha generado en este lugar, una polémica en torno a la conveniencia o inconveniencia del desarrollo de actividades de exploración y explotación de petróleo.

Por un lado la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) adjudicó dos bloques de hidrocarburos (Cayos 1 y 5) a Ecopetrol y a la empresa hispana-argentina Repso-YPF, para exploración (Cayo 1) y explotación  (Cayo 5) de petróleo.

Por otro lado, miembros de la comunidad del Archipiélago de San Andrés y de la Fundación Coralina, están en desacuerdo con dicha medida, entre otras razones porque afectarán la reserva marina y el procedimiento se realizó sin los requisitos legales exigidos.

¿Qué reflexiones pueden hacerse en torno a este caso?

Por un lado, es cierto que este tipo de polémicas son usuales en los países con grandes riquezas en recursos naturales, pero con profundas necesidades de desarrollo y de medidas que logren enfrentar la pobreza, como ocurre en Colombia. La tradicional díada entre desarrollo económico y protección del medio ambiente, ha sido difícil de conciliar. Es por ello que se ha planteado el modelo de desarrollo sostenible,  que en efecto es el fundamento de nuestra legislación ambiental.

Así, inicialmente parece razonable la exploración y explotación de hidrocarburos en la isla, en la medida en que ello contribuye al desarrollo de la zona y del país en general, siempre y cuando estos procedimientos se desarrollen bajo los estrictos estándares de la normatividad en materia ambiental.

Sin embargo, el problema es que esa legislación poco se cumple, y con razón los isleños sienten temor, cuando ven que su caso tiende a repetir la historia de muchas zonas de Colombia, como ocurrió en Santa Marta en donde las playas hoy en día se encuentran notablemente deterioradas frente al avance de la extracción de carbón a cielo abierto por la minera estadounidense Drumond, como ocurrió en su momento en Caracolí, cuando las comunidades wayúu fueron desplazadas de su territorio, por las actividades de extracción de carbón a cielo abierto desarrolladas por parte del Cerrejón que generaron altos niveles de contaminación en la zona. Sienten temor también por los riesgos de derrame de petróleo, como ocurrió en el catastrófico caso del Golfo de México hace poco tiempo. No sólo ellos sienten temor, sino que todos deberíamos sentirlo pues se trata de una riqueza coralina tan única del mar del archipiélago que amenaza con sufrir un daño incalculable.

Por otra parte, los isleños se sienten totalmente excluidos del proceso, en la medida en que el ANH realizó la adjudicación de dichas zonas, sin desarrollar la consulta previa, derecho fundamental de los raizales y trámite obligatorio en todo proceso de exploración y explotación de recursos en su territorio o cuando se expidan medidas administrativas y legislativas que de alguna forma perjudiquen su integridad étnica.

Y es que la consulta se llama “previa”, precisamente porque debe ser desarrollada con anterioridad a toda adjudicación. El nombre no es gratuito, pues ello garantiza que la comunidad tenga certeza en qué medida se va a ver afectada, tenga conocimiento pleno del procedimiento y pueda pronunciarse respecto a la viabilidad del mismo.

Por último, el beneficio que reporta este tipo de actividades a estas comunidades, muchas veces es ilusorio. No falta sino recordar, cómo Barrancabermeja, siendo la sede de refinería de petróleo más grande del país al producir el 80% de los combustibles en Colombia, cuenta en cambio con un alto índice de pobreza del orden del 62%, con un índice de necesidades básicas insatisfechas del 29,48% y altísimos niveles de contaminación, de acuerdo a un estudio realizado por la Cámara de Comercio de esta ciudad.

Cabe entonces plantear la necesidad urgente de una política de desarrollo sostenible que pueda conciliar la protección ambiental de los recursos marinos de Colombia y las posibilidades de una  exploración petrolera en los mismos bajo rigurosos controles del Estado y la comunidad. Para ello, es deseable que se dé el debate una vez se vuelva a crear el Ministerio de Medio Ambiente, con elementos técnicos científicos, con las comparaciones internacionales adecuadas y unas garantías ciertas de participación de la comunidad. Mientras ello no suceda lo razonable es mantener suspendido cualquier proceso de licitación para exploración petrolera en las aguas territoriales del archipiélago, tal como en buena hora lo decidió la ANH en el mes de febrero de este año.

Una normatividad de postconflicto aplicada en un contexto de conflicto armado: el caso de la restitución de tierras

El despojo de tierras es una problemática que se desarrolló y tomó auge con el conflicto armado interno, desde la consolidación de las guerrillas que surgieron a partir de 1964 y la aparición posterior de los paramilitares en los años 80´s y 90´s. De acuerdo a los cálculos de la Iglesia Católica y la Consultoría para los Derechos Humanos (CODHES) este conflicto ha dejado más de 4,5 millones de desplazados, instituciones que documentan desde 1985 estos fenómenos y cuyos registros muestran que el 94 por ciento de los desarraigados poseían tierras y que por ende se vieron despojados.

Así pues, el Gobierno de la Unidad Nacional ha iniciado una Política de Restitución de Tierras de los despojados, que tiene como meta la restitución de 2 millones de hectáreas en los próximos cuatro años. El Catatumbo, el Sur de Bolívar y del Cesar, así como el Magdalena Medio de Antioquia y Santander, son las zonas con mayores problemas de despojo de bienes. 

Sin embargo, pese a que esta política ha logrado en cierta medida un consenso a su importancia para saldar una deuda con los despojados, durante las últimas semanas se han hecho aún más visibles las carencias y fragilidades de la misma. En los últimos tres años, más de 50 líderes que han defendido el proceso de restitución de tierras han perdido la vida en Colombia, una tendencia que se ha agravado desde que el Presidente Santos entregó en septiembre del año pasado al Congreso el proyecto de ley que busca llevar a cabo esta Política de Restitución de Tierras. 

El mismo mandatario ha revelado que desde que él asumió la Presidencia el pasado 7 de agosto, han sido asesinados ocho líderes y beneficiarios regionales que comandan los procesos de devolución de tierras. Con las tres muertes hace algunos días, dos en Antioquia y una en Sucre, esa cifra se elevaría entonces a once.

Dicha situación se puede constatar a su vez, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, pues si bien en esta región se desmovilizaron 5.737 ex combatientes de los bloques Catatumbo, Central Bolívar, Magdalena Medio, Vencedores de Arauca y Héctor Julio Peinado Becerra, tambien causantes de este crímen del despojo, en la actualidad el frente 24 de las Farc y el ELN siguen intimidando a la población de los municipios de Hacarí, San Calixto, Teorama, El Tarra, Tibú y Convención. Estos grupos subversivos son señalados de ejecutar 15 casos de despojo patrimonial, documentados ante la Comisión Regional de Restitución de Bienes hasta la época.

Así pues, las condiciones de retorno y seguridad para las víctimas beneficiarias de estas medidas no están garantizadas, y ello se debe esencialmente a la aplicación de una serie de medidas de justicia transicional y por ende de postconflicto como lo es la política de restitución de tierras, en escenarios de persistencia del conflicto armado.

En este panorama, la aplicación de ésta política tiene dificultades : La permanencia de grupos armados al margen de la ley (auncuando gracias a la Poliíica de Seguridad Democrática ya no ejercen el control territorial que ejercieron en el pasado); el surgimiento de las denominadas BACRIM, y la persistencia del narcotráfico, son actores que mantienen vivo el conflícto y la violencia en nuestro país y hacen necesario que, para lograr la ejecución de la restitución, el Estado colombiano combine prevención a través de alertas tempranas; inteligencia; acompañamiento a poblaciones vulnerables; reforzamiento del programa de Soldados de mi Pueblo que iniciamos con el Presidente Uribe en el 2002 y aplicación pronta y cumplida de la justicia contra los perpetradores del desplazamiento.

De eso se trata la presencia integral del Estado en todo el territorio, tarea en la que tendrán que trabajar mancomunadamente, gobierno, fuerzas armadas y a su vez Fiscalía.

La Mujer: ¿Derechos y oportunidades de segunda categoría?

Hace muy poco se celebró el día de la Mujer. Y aprovecho la oportunidad no ya para exaltar esa condición, sino para poner de presente que los avances de nuestro ordenamiento jurídico, que si bien han tenido la sana intención de superar la desigualdad entre los sexos, se han quedado cortos en hacer efectivo el propósito de garantizar a la mujer idénticos derechos y oportunidades que a los hombres. Podríamos decir que nos hemos quedado en eso: en un mero propósito.

Es indiscutible el hecho de que la mujer se ha sobrepuesto con creces a muchas de las situaciones de exclusión y desventaja que la historia misma atestigua, como la restricción de su ciudadanía, su equiparación a menores y dementes en la administración de sus bienes y su incapacidad para ejercer la patria potestad, entre otras limitaciones. Sin embargo, es imperativo resaltar, particularmente en el caso de la mujer colombiana, que a pesar de la especial protección que la Carta Política de 1991 reconoció en su favor y de las diversas acciones afirmativas que se han desplegado por parte del Estado para hacer efectivo el derecho a la igualdad, su situación de vulnerabilidad y de exclusión todavía es patente en algunos ámbitos de la sociedad.

Cómo no mencionar, a título de ejemplo, la escasa participación política de la mujer en los máximos niveles decisorios del poder público, la desigualdad en su participación en la conformación de las listas de los partidos para las elecciones, la desigualdad inexcusable en material salarial y la poca atención de la Procuraduría en exigir el cumplimiento de la Ley 581 de 2000, denominada popularmente la “Ley de Cuotas”, que establece un mínimo de participación del 30% en los cargos directivos de los diferentes niveles de la administración pública.

En el actual Congreso, 2010 - 2014, el porcentaje de mujeres elegidas, según un informe del Observatorio de asuntos de Género de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, fue del 12% en el caso de la Cámara de Representantes, mientras que para el Senado se aproximó al 16%, en lo cual se refleja una ligera mejoría frente al Congreso 2006- 2010 pero muy por debajo de otros paises latinoamericanos entre ellos Costa Rica. Del informe se destaca también una disminución de la participación de la mujer en la rama judicial del 26% al 23% de 2008 a 2009, así como en los organismos de vigilancia y control para el mismo período de 42% a 36%.

Cabe destacar por igual que, conforme con la encuesta elaborada y publicada por Great To Work Institute Colombia, para el primer trimestre de 2010, la tasa global de participación en el mercado laboral fue de 66,7% para los hombres y de 43,4% para las mujeres, aunada a la mayor tasa de desempleo que aqueja a las mujeres, independientemente de su capacidad, conocimiento, educación o experiencia.

Teniendo como fondo lo anterior, deviene imprescindible anotar que aún subsisten una serie realidades sociales desiguales en materia de sexos que puede ser combatida no solamente a través de la típica línea prohibicionista, sino también por vía de una gestión de promoción decidida, bien sea mediante  acciones afirmativas o, por cualesquiera otras medidas de protección dirigidas a corregir las situaciones de hecho que suponen relegación o inferioridad directa o indirecta de la población femenina.

Por eso, es un imperativo su mayor participación en los cargos directivos de los partidos políticos, la creación del Ministerio de la Mujer y la Familia, la adopción de mecanismos dirigidos a obtener la igualdad salarial y la exigencia de la aplicación material de la ley de cuotas. Cabe destacar el hecho sin precedentes de contar con dos ilustres congéneres en la Fiscalía y en la Contraloría, de cuya gestión esperamos que se despeje el escepticismo de algunos sobre la conveniencia de la mayor participación activa de la mujer en las instancias directivas tanto de la administración pública como del sector privado.

El reclutamiento de menores: una cruda realidad colombiana.

Según el último “Informe de la Coalición para acabar con la utilización de niños y niñas soldados”, publicado en el 2008, en 24 países de todas las regiones del mundo, los grupos armados reclutan menores de edad en sus filas. Algunos de estos países son el Chad, Iraq, República Centroafricana, República democrática del Congo, Somalia, Sudán, Afganistán y Colombia.

En Colombia, tanto las FARC, las AUC, como el ELN e inclusive las nuevas BACRIM, recurren a esta medida como herramienta para engrosar sus filas; reclutan a menores de edad que por distintas razones como la intimidación, la violencia intrafamiliar, la falta de oportunidades, la imposibilidad de conseguir un cupo en un colegio, o un sustento, deciden o se ven forzados, a optar por esta forma de vida. Lo más preocupante es que la edad promedio de reclutamiento tiende a bajar, así el director en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, constató en una visita reciente al Guaviare y Caquetá, que la edad promedio de reclutamiento de niños es actualmente de 11,8 años.

Este fenómeno, es difícilmente identificable, cuantificable y enjuiciable, en particular en el caso colombiano.

A nivel internacional, es de recordar que el reclutamiento de menores es considerado como crimen de guerra de acuerdo al Estatuto de Roma. En efecto, ante la Corte Penal Internacional se encuentra en curso el primer proceso por reclutamiento de menores, contra Thomas Lubanga de la República del Congo, quien fue acusado por crimen de guerra.

Con este precedente, algunas instituciones, como el Tribunal Internacional sobre la infancia afectada por la Guerra y la Pobreza, solicitó a la comunidad jurídica internacional que el caso colombiano, sea el segundo proceso sobre reclutamiento de niños, que se lleve hasta la instancia de la Corte Penal Internacional.

A nivel interno, la conducta se encuentra tipificada en el artículo 162 del Código Penal.

Sin embargo, se trata de una conducta punible, que difícilmente ha logrado ser identificada en los procesos de Justicia y Paz: Fredy Rendón Herrera, 'el Alemán', ex jefe del bloque Élmer Cárdenas, admitió haber tenido en sus filas a 358 menores, pero sólo entregó cuatro. ¿Qué paso con los otros 354 niños reclutados?  

A su vez, es de señalar que la situación de los menores reclutados es ambigua,  pues cumplen el doble papel de víctimas y en algunos casos tambien aparecen como victimarios. En ellos se encierra más que en nadie el círculo vicioso de la guerra. Ello explica la urgencia de una política clara para estos niños, que tenga en cuenta esta doble perspectiva, a partir del reconocimiento de que son las mayores víctimas de la degradación del conflicto colombiano. 

En suma, es una necesidad apremiante la aplicación real y efectiva de los instrumentos jurídicos disponibles y aplicables en nuestro ordenamiento, en materia de protección de la niñez y prohibición de reclutamiento de menores. No podemos seguir permitiendo que el conflicto armado y la delincuencia común sigan aprovechando la desprotección de nuestros niños afectando de manera irreversible sus posibilidades de desarrollo y de una vida digna. Son parte de una sociedad indolente que debe asumir responsablemente su obligacion con la niñez, que es el futuro  de Colombia. 

Política Industrial + diversificación e infraestructura productiva = Generación de empleo

Entre los muchos beneficios de la implementación de una política industrial como línea de acción estatal, se encuentra la generación de empleo de calidad.

Justamente, la necesidad de transformar la industria en una columna vertebral del desarrollo nacional impone la creación de empresas con valor agregado, lo cual permite no solamente diversificar y modular nuestro sistema productivo, sino que además refuerza el estímulo a la creación y generación de empleo sostenible, a la capacitación y a la preparación del recurso humano.

Todo ello, orientado por verdaderos y elevados estándares de competitividad, excelencia y calidad, en el propósito de mejorar las condiciones para el desarrollo de la productividad laboral dentro del marco de la formalidad que, a la vez que un objetivo del “gobierno de la prosperidad para todos”, se constituye en un indicador del sector y, en general, en un presupuesto de orden económico y social del respeto por el trabajo como aporte al proceso de mejoramiento de las condiciones de vida de todos los colombianos.