El despojo de tierras es una problemática que se desarrolló y tomó auge con el conflicto armado interno, desde la consolidación de las guerrillas que surgieron a partir de 1964 y la aparición posterior de los paramilitares en los años 80´s y 90´s. De acuerdo a los cálculos de la Iglesia Católica y la Consultoría para los Derechos Humanos (CODHES) este conflicto ha dejado más de 4,5 millones de desplazados, instituciones que documentan desde 1985 estos fenómenos y cuyos registros muestran que el 94 por ciento de los desarraigados poseían tierras y que por ende se vieron despojados.
Así pues, el Gobierno de la Unidad Nacional ha iniciado una Política de Restitución de Tierras de los despojados, que tiene como meta la restitución de 2 millones de hectáreas en los próximos cuatro años. El Catatumbo, el Sur de Bolívar y del Cesar, así como el Magdalena Medio de Antioquia y Santander, son las zonas con mayores problemas de despojo de bienes.
Sin embargo, pese a que esta política ha logrado en cierta medida un consenso a su importancia para saldar una deuda con los despojados, durante las últimas semanas se han hecho aún más visibles las carencias y fragilidades de la misma. En los últimos tres años, más de 50 líderes que han defendido el proceso de restitución de tierras han perdido la vida en Colombia, una tendencia que se ha agravado desde que el Presidente Santos entregó en septiembre del año pasado al Congreso el proyecto de ley que busca llevar a cabo esta Política de Restitución de Tierras.
El mismo mandatario ha revelado que desde que él asumió la Presidencia el pasado 7 de agosto, han sido asesinados ocho líderes y beneficiarios regionales que comandan los procesos de devolución de tierras. Con las tres muertes hace algunos días, dos en Antioquia y una en Sucre, esa cifra se elevaría entonces a once.
Dicha situación se puede constatar a su vez, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, pues si bien en esta región se desmovilizaron 5.737 ex combatientes de los bloques Catatumbo, Central Bolívar, Magdalena Medio, Vencedores de Arauca y Héctor Julio Peinado Becerra, tambien causantes de este crímen del despojo, en la actualidad el frente 24 de las Farc y el ELN siguen intimidando a la población de los municipios de Hacarí, San Calixto, Teorama, El Tarra, Tibú y Convención. Estos grupos subversivos son señalados de ejecutar 15 casos de despojo patrimonial, documentados ante la Comisión Regional de Restitución de Bienes hasta la época.
Así pues, las condiciones de retorno y seguridad para las víctimas beneficiarias de estas medidas no están garantizadas, y ello se debe esencialmente a la aplicación de una serie de medidas de justicia transicional y por ende de postconflicto como lo es la política de restitución de tierras, en escenarios de persistencia del conflicto armado.
En este panorama, la aplicación de ésta política tiene dificultades : La permanencia de grupos armados al margen de la ley (auncuando gracias a la Poliíica de Seguridad Democrática ya no ejercen el control territorial que ejercieron en el pasado); el surgimiento de las denominadas BACRIM, y la persistencia del narcotráfico, son actores que mantienen vivo el conflícto y la violencia en nuestro país y hacen necesario que, para lograr la ejecución de la restitución, el Estado colombiano combine prevención a través de alertas tempranas; inteligencia; acompañamiento a poblaciones vulnerables; reforzamiento del programa de Soldados de mi Pueblo que iniciamos con el Presidente Uribe en el 2002 y aplicación pronta y cumplida de la justicia contra los perpetradores del desplazamiento.
De eso se trata la presencia integral del Estado en todo el territorio, tarea en la que tendrán que trabajar mancomunadamente, gobierno, fuerzas armadas y a su vez Fiscalía.
